Esta ley, trae consigo unas modificaciones a 10 leyes que están vigentes en Colombia
La nueva ley de seguridad ciudadana tiene como fin la creación y el fortalecimiento de los instrumentos jurídicos y los recursos económicos con que deben contar las autoridades para consolidar la seguridad ciudadana.
A continuación, se dan a conocer algunos aspectos importantes que trae esta nueva ley:
- La reincidencia se paga: la pena será más grave para quienes en los últimos 5 años hayan sido condenados por delitos dolosos.
- Quien asesine un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, menor de edad o periodista tendrá la pena más alta que contempla la ley colombiana: de 58,3 años de prisión.
- Será un delito el porte de arma blanca en evento masivo.
- Protección de la infraestructura. Se agravan las penas para quien atente contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana y la administración de justicia.
- Se establece la Legítima Defensa Privilegiada, el ciudadano se podrá defender empleando la fuerza letal de forma excepcional, cuando un extraño ingrese en su hogar o vehículo, para repelar la agresión al derecho propio o ajeno.
- Se considerará peligro para la sociedad y, en consecuencia, será sujeto de medida de aseguramiento intramural quien cometa delito con el uso de arma de fuego, arma blanca o elemento menos letal.
- Quien hurte un bien de más de cuatro millones de pesos tendrá una condena no excarcelable.
- Protección de la manifestación pacífica. Se constituye en delito el uso de máscaras o elementos con el fin de ocultar su identidad para llevar a cabo acciones violentas y delictivas, con el objetivo de afectar la manifestación pacífica
- adiciona el artículo intimidación o amenaza con arma de fuego.
- Protección de la propiedad privada, se tipifica el avasallamiento mediante incursión violenta o pacífica, temporal o continua, en inmueble ajeno.
- Garantías para el desarrollo de procedimientos policiales. Las acciones de violencia, amenaza, sabotaje que impidan, dificulten y obstruyan los procedimientos de policía o la realización de cualquier función pública, tendrá pena de 36 a 60 meses de prisión.